Lo que el Airbnb sí le aporta a la economía de Costa Rica

Cada vez que se discute regular el hospedaje no tradicional, sale una cifra a defender al sector: los millones que le aporta al país. Casi siempre viene sin la letra chica que la hace entendible.

Este artículo desarma ese aporte con lo que se puede sostener con datos, y dice también dónde se acaban los datos. El panorama entero del fenómeno, con su otra cara, está en el panorama del Airbnb en Costa Rica, y acá se asume leído. Lo principal de una vez: el aporte existe, pero es condicional, y esa condición no es un detalle de pie de página.

¿Aporta algo el Airbnb a la economía de Costa Rica?

Sí, por tres vías distintas. Lleva turismo e ingreso a comunidades donde no hay hotelería tradicional, funciona como complemento de ingreso para miles de familias ticas, y genera recaudación para el país cuando el anfitrión cumple con lo fiscal. Las tres son reales, y la tercera solo ocurre si se declara.

Vale detenerse en la primera, que es la menos discutida. El hospedaje no tradicional pone capacidad de alojamiento en cantones donde ningún hotel abriría, porque la demanda no da para un edificio de treinta cuartos pero sí para una casa de dos. Ahí el gasto del turista entra directo a la economía local, y es un efecto disperso y difícil de medir, que es justamente por qué casi nunca aparece con número al lado.

La segunda vía es la de ingreso al hogar, y conviene bajarla del pedestal. Con un ingreso bruto promedio nacional cercano a $1,312 al mes por propiedad, según estimaciones de AirROI para 2026, esto no es una fuente de riqueza: es un complemento que en muchas casas paga una cuota o cubre un faltante. Y es bruto, o sea antes de comisiones, limpieza, servicios y mantenimiento.

¿Cuánto podría recaudar el país?

Alrededor de $120 millones al año, si todo el sector se regularizara y pagara lo que corresponde. Es la cifra que circula en reportes públicos del sector turismo en 2026, y la palabra que la sostiene entera es "podría". No es lo que entró a las arcas del Estado: es lo que entraría bajo un supuesto que hoy no se cumple.

La distinción no es un tecnicismo. Una cifra potencial mide el tamaño de una oportunidad, no el de una contribución, y usarla como si fuera aporte actual es la forma más común de exagerar el peso económico de cualquier sector.

Los $120 millones no son lo que el sector aporta. Son lo que aportaría si dejara de ser, en buena parte, informal.

¿Por qué lo que se recauda hoy es mucho menos?

Porque una parte grande del sector no está inscrita ni declara, y sobre lo no declarado no hay impuesto que entre. La brecha entre los $120 millones potenciales y la recaudación real no es un problema de tasas ni de diseño tributario: es el tamaño de la informalidad, medido en plata.

Cuánto exactamente, nadie lo publica. Hacienda no divulga recaudación desagregada por hospedaje no tradicional, así que la cifra efectiva no está disponible ni para confirmarla ni para desmentirla. Lo que se puede decir con cuidado es que la brecha existe, porque el propio encuadre de los $120 millones como potencial supone que hoy no se recauda todo.

Del lado del anfitrión, la parte que sí se controla es concreta y no depende de que se apruebe ninguna ley: inscribirse, facturar, cobrar el IVA y declarar. El mapa completo de qué se paga y en qué orden está en la guía de impuestos de un Airbnb en Costa Rica.

¿A quién le llega la plata del alquiler de corto plazo?

Sobre todo a hogares que viven en el país y manejan pocas propiedades. Cerca del 94% de los anfitriones reside en Costa Rica y alrededor del 95% maneja de uno a tres alojamientos, según datos publicados por la propia plataforma en 2026. Eso significa que el ingreso se reparte entre muchas manos pequeñas más que entre pocos portafolios grandes.

Ahora, esas cifras las publica Airbnb, que es parte interesada en el debate regulatorio y tiene un incentivo evidente en mostrar una base local y pequeña. Nadie externo las auditó, porque no existe un censo público de anfitriones. Se usan como el mejor dato disponible, no como un hecho verificado por un tercero. Quién es dueño de qué, con lo que se sabe y lo que no, está desarrollado en si solo los extranjeros tienen Airbnb en Costa Rica.

El reparto tampoco es parejo por zona. Con una ocupación promedio nacional de 32% y una tarifa promedio de $169 la noche, según AirROI para 2026, hay destinos de playa muy por encima y zonas de interior bastante por debajo. Jacó es el mercado más grande del país con unas 2,000 propiedades activas, y ese dato solo ya muestra lo poco uniforme que es la distribución.

¿Qué no se puede medir todavía?

Casi todo lo que sería más interesante saber. No hay una estadística pública nacional del sector, así que no existe una medición confiable de cuánto empleo genera, cuánto aporta al PIB, cuánto gasta el huésped fuera del alojamiento ni cuánto se recauda efectivamente. No es que los números sean discutidos: es que no se producen.

Esa ausencia es parte de la historia y no un detalle metodológico. Lo que hay son estimaciones de plataformas privadas que rastrean listings visibles, con metodologías distintas y resultados que no coinciden entre sí. Con esa base, cada actor del debate puede sostener su versión sin mentir, escogiendo la fuente que le conviene.

Todo esto deja el aporte en un lugar incómodo y honesto: hay uno, es real, y su tamaño no se conoce. Lo que sí se puede afirmar sin estimaciones es la condición. El anfitrión inscrito que factura y declara aporta recaudación verificable; el informal aporta el mismo turismo y nada de la recaudación que el sector invoca cuando se defiende con cifras. La diferencia entre los $120 millones y lo que hoy entra se construye una operación a la vez.